La legislación en prevención de riesgos laborales se configura a partir de evidencias y necesidades derivadas de la existencia de riesgos para los trabajadores en los lugares de trabajo, por lo que se hace necesario establecer cuantas medidas sean posibles para eliminar o reducir dichos riesgos, salvaguardando la seguridad y la salud de todos los trabajadores en su actividad laboral. En la actividad de los sectores de enseñanza intervienen peligros de tal importancia que pueden producir, y de hecho producen, riesgos importantes para la seguridad y salud de los trabajadores del mundo educativo. El colectivo de trabajadores de la enseñanza, docentes y personal de administración y servicios, dada su función social, tiene particularidades que lo distingue de otros sectores, entre ellas, trabajar con y para personas, para educarlas y desarrollar sus capacidades. Algunos riesgos laborales que afectan a nuestro colectivo son diferentes de los que padecen los restantes trabajadores, incluidos los de la administración pública, teniendo en cuenta además, la complejidad y dispersión de los centros educativos.  En el sector de la enseñanza se constata un claro retraso en el  cumplimiento de la legislación. La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, así como posteriores normativas han significado un avance en la  prevención de riesgos laborales de los trabajadores, pero tenemos constancia de que la legislación actual no se está aplicando en toda su extensión, o en ocasiones, ni tan siquiera se aplica. Esta realidad afecta sobre todo a la  enseñanza pública no universitaria donde las carencias en materia de seguridad laboral son, en general, muy manifiestas. En un Estado donde la Administración debe ser garante del cumplimiento de la legislación, sorprende que en los centros de trabajo que son de su responsabilidad no se aplique la Ley. A estas alturas, después de más de once años de la publicación en el BOE de la Ley de Prevención no es admisible las carencias en materia de prevención de riesgos laborales en el sector de la enseñanza. Muchos centros docentes no disponen de un Plan de Prevención, ni del Plan de Emergencia y Autoprotección, ni se hace una adecuada Vigilancia de la Salud. Es decir estamos totalmente al margen de la Ley. La reciente modificación del catálogo de enfermedades ha incluido los nódulos vocales como enfermedad profesional de los docentes. Esto ha supuesto sin duda un avance. No obstante existen otras patologías entre los trabajadores de la enseñanza derivadas de su actividad profesional. En especial existen cuatro causas de baja, cuya relación con la actividad profesional es especialmente relevante: Alteraciones de la Voz (94%), Patologías Psiquiátricas (69%), Lesiones músculo esqueléticas (51%), y Contagios de Enfermedades (49%). Es necesario por tanto que estas afecciones sean recogidas en futuras ampliaciones del catálogo de enfermedades profesionales. En las negociaciones con el Ministerio de Educación para la redacción del Estatuto de la Función Pública Docente, FETE-UGT ha hecho importantes aportaciones con el fin de que el texto final suponga un avance en la protección de la salud de los trabajadores de la enseñanza. Entre las medidas propuestas destacamos la posibilidad de adecuación a un destino diferente por cuestiones de salud y la valoración adecuada a todos los efectos de los trabajadores que realicen actividades de prevención de riesgos en los centros docentes.  

FETE-UGT denuncia situación actual de la Prevención de Riesgos Laborales en el sector de la enseñanza exigimos un cambio radical de los responsables de la distintas Administraciones Educativas del Estado para conseguir que en el menor tiempo posible todos los centros docentes, dispongan de su Plan de Prevención así como de su Plan de Emergencias y Autoprotección, para que se pueda desarrollar una adecuada Vigilancia de la Salud, para conseguir que la Prevención de Riesgos Laborales esté integrada realmente en la vida cotidiana de los colegios e institutos mediante la presencia del Coordinador de Seguridad en los centros docentes.